En las últimas semanas, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha sido fuertemente cuestionado por incluir a empresas de alimentos ultraprocesados en la estrategia gubernamental “Vida Saludable”, cuyo objetivo es combatir la obesidad infantil y eliminar la comida chatarra de las escuelas.
El programa busca transformar los planteles en espacios que promuevan una mejor alimentación y actividad física. En marzo de 2025, se implementaron lineamientos que prohíben la venta de productos altos en azúcar, grasas y sodio. Sin embargo, la reciente reunión de Delgado con 27 empresas afiliadas a ConMéxico —entre ellas Bimbo, Coca-Cola y PepsiCo— ha encendido las alarmas.
Estas compañías ofrecieron donar básculas, promover la actividad física y difundir información sobre nutrición. Pero críticos señalan un conflicto de intereses: se trata de industrias responsables en gran parte del problema de obesidad, ahora participando en la solución. Para muchos, esto recuerda prácticas del pasado con gobiernos como los de Calderón o Peña Nieto, donde se priorizaban alianzas empresariales por encima del bienestar social.
Sectores dentro del mismo movimiento de la Cuarta Transformación acusan a Delgado de ceder ante los intereses corporativos, alejándose de los ideales de justicia social y soberanía alimentaria. Se teme que esta colaboración termine debilitando las políticas públicas que buscan frenar la obesidad infantil.
Delgado ha defendido su postura como un intento de sumar esfuerzos sin ceder el control de las decisiones públicas, subrayando avances como la capacitación de casi un millón de personas en temas de alimentación saludable. Aun así, la falta de transparencia sobre el rol real de estas empresas mantiene viva la controversia.
En resumen, “Vida Saludable” enfrenta el desafío de demostrar que puede aliarse sin someterse, y Mario Delgado deberá convencer a la opinión pública de que no ha entregado la salud de la niñez a los gigantes de la comida chatarra.