El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, obtuvo el 23 de abril de 2025 una suspensión provisional que frena temporalmente una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y ejercicio indebido del servicio público. Las acusaciones señalan un desvío de más de 3,400 millones de pesos durante su gestión (2015-2021), ligado a la compra a sobreprecio de siete cuarteles para la Guardia Civil. La suspensión, otorgada por un juzgado federal en la Ciudad de México, impide su detención mientras se resuelve el juicio de amparo, a cambio de una garantía de 52,000 pesos.
Este caso ha reavivado el debate sobre la corrupción en el sistema judicial mexicano y la necesidad de una reforma profunda. La medida cautelar, aunque legal, genera críticas por proteger a figuras políticas señaladas. Aureoles, considerado prófugo desde marzo de 2025, evidencia las fallas de un sistema donde suspensiones provisionales pueden retrasar la justicia en casos de alto perfil.
La situación subraya la urgencia de las elecciones del Poder Judicial en 2025, un proceso para renovar jueces, magistrados y ministros por voto popular. Este mecanismo busca democratizar la justicia y reducir influencias políticas que permitan evadir responsabilidades. Sin embargo, enfrenta retos para garantizar la independencia judicial en un modelo inédito.
La suspensión de Aureoles refleja los desafíos de combatir la corrupción y refuerza la demanda por un Poder Judicial transparente. Las elecciones de 2025 son una oportunidad para fortalecer la justicia y evitar que casos como este erosionen la confianza en las instituciones. La resolución del amparo, prevista para el 29 de abril, será clave para evaluar la efectividad del sistema actual.
Por un México con justicia imparcial, la renovación judicial es esencial.