Este miércoles 7 de mayo de 2025, la Cámara de Diputados de México retomará un asunto de gran relevancia para el país: la revisión del proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, senador y presidente nacional del PRI. La solicitud, impulsada por la Fiscalía General de Campeche desde 2022, busca retirar el fuero constitucional que protege a Moreno para que enfrente acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados con su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019). Este caso pone en el centro del debate la urgente necesidad de erradicar la corrupción y la impunidad en la política mexicana, males que han lastrado el desarrollo de la nación por décadas.
Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, ha sido señalado por múltiples irregularidades que son de dominio público. Investigaciones periodísticas y denuncias oficiales han revelado un esquema de compra-venta de propiedades a precios irrisorios, que luego eran revendidas a valores exorbitantes, generando ganancias millonarias que no corresponden con los ingresos declarados por el priista. Por ejemplo, se ha documentado que Moreno adquirió terrenos a menos de 4 pesos por metro cuadrado, los cuales, tras ser transferidos a familiares y amigos, alcanzaron valores de hasta 2,000 pesos por metro, multiplicando su valor cientos de veces. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía de Campeche han identificado un presunto desvío de recursos federales por casi 4 mil millones de pesos durante su mandato, así como posibles actos de lavado de dinero, peculado y tráfico de influencias. Estas acusaciones, respaldadas por pruebas documentales, pintan un cuadro de cinismo e irresponsabilidad que contrasta con el discurso de oposición que Moreno intenta proyectar.
El proceso de desafuero, que será discutido por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encabezada por el morenista Hugo Eric Flores, ha enfrentado obstáculos en el pasado. En la legislatura anterior, la solicitud fue archivada sin un dictamen claro, lo que generó sospechas de un posible pacto de impunidad entre el PRI y sectores afines. Sin embargo, la actual composición de la Sección Instructora, con mayoría de legisladores comprometidos con la transparencia, ofrece una nueva oportunidad para avanzar en este caso. Flores ha enfatizado que no hay consigna política detrás del proceso, pero sí una firme intención de revisar con rigor las evidencias presentadas por la Fiscalía de Campeche, que incluyen inconsistencias en la carpeta de investigación subsanadas tras un amparo otorgado a Moreno en 2024.
La incongruencia de “Alito” Moreno no se limita a las acusaciones en su contra. Mientras se presenta como un defensor de la democracia y critica al gobierno federal, su historial revela un patrón de traiciones y maniobras para mantenerse en el poder. Su reelección como líder del PRI hasta 2028, pese a las derrotas electorales del partido, ha sido cuestionada incluso por priistas históricos como Manlio Fabio Beltrones, quienes ven en Moreno un lastre para la oposición. Además, sus ataques al actual gobierno, como la denuncia que anunció contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestos nexos con el crimen organizado, parecen más un intento desesperado por desviar la atención que una acción fundamentada. Esta actitud cínica, sumada a las pruebas de corrupción, refuerza la percepción de que Moreno representa lo peor de la vieja política que México busca dejar atrás.
El desafuero de Alejandro Moreno no es solo un asunto legal; es un mensaje claro contra la impunidad. México no puede permitirse seguir tolerando políticos que, amparados en el fuero, evaden la justicia mientras el país enfrenta retos como la inseguridad, la pobreza y la desigualdad. La revisión de este caso el 7 de mayo es una oportunidad para que la Cámara de Diputados demuestre su compromiso con la rendición de cuentas y la construcción de un país más justo. Por el bien de la nación, es imperativo que los legisladores actúen con responsabilidad y dejen claro que nadie está por encima de la ley. La esperanza de millones de mexicanos está puesta en que, esta vez, la justicia prevalezca.