Nayib Bukele, el autodenominado “dictador cool”, ha convertido El Salvador en un experimento autoritario al servicio de intereses extranjeros. Tras una fachada de mano dura contra el crimen, su gobierno ha erosionado la democracia, mercantilizado la soberanía nacional y consolidado un régimen que prioriza el poder sobre los derechos humanos.
De la esperanza al autoritarismo
Al asumir en 2019, Bukele capitalizó el cansancio ciudadano hacia la violencia prometiendo una guerra sin cuartel contra las pandillas. Su obra emblemática, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), se vendió como la solución definitiva. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde una realidad más oscura: más de 83,000 detenciones arbitrarias, denuncias de torturas sistemáticas y un sistema judicial convertido en herramienta de represión.
El presidente ha demolido los contrapesos democráticos con tácticas brutales: jueces destituidos, reformas constitucionales a la medida y el uso de las fuerzas armadas para intimidar a la oposición. Su reelección en 2024 —ilegal bajo la Constitución que juró defender— confirmó su transformación en un autócrata sin disimulos.
El negocio de las cárceles: ¿Guantánamo centroamericano?
El punto de inflexión llegó con su alianza estratégica con Estados Unidos. En 2025, Bukele ofreció el CECOT como destino para deportados y criminales estadounidenses —incluyendo ciudadanos de ese país— a cambio de $20,000 anuales por recluso. El acuerdo, negociado con figuras clave de la administración Trump, convierte a El Salvador en un basurero penitenciario para problemas que Washington no quiere resolver.
La operación ya muestra grietas: envíos forzosos de migrantes (como los 261 deportados en marzo de 2025, pese a órdenes judiciales en contra) y burlas públicas del propio Bukele hacia tribunales estadounidenses. Mientras el gobierno salvadoreño celebra ingresos marginales ($6 millones anuales por los primeros traslados), el costo social recae sobre una población que ve cómo su país se transforma en una colonia carcelaria.
Las contradicciones del régimen
Bukele comercializa una imagen de eficacia, pero su modelo es insostenible. La economía sigue estancada, con pobreza crónica y desigualdad. Sus giros pragmáticos —abandonar el bitcoin ante presiones del FMI o reabrir la minería metálica pese a protestas ambientales— revelan un cálculo político voraz.
Peor aún: el CECOT, diseñado para pandilleros locales, ahora alberga criminales extranjeros sin protocolos claros, aumentando riesgos de violencia entre reclusos. Y persisten preguntas incómodas: ¿Fue la reducción inicial de homicidios producto de negociaciones secretas con pandillas? Documentos filtrados sugieren que sí, y podrían salir a la luz en cortes estadounidenses.
Conclusión: El precio de la farsa
Bukele ya no es el outsider renovador, sino un caudillo que trueca dignidad nacional por apoyo internacional. El CECOT no es un símbolo de justicia, sino de represión rentable. Su alianza con Trump —y su obsesión por proyectar fuerza— han dejado al descubierto la verdadera prioridad de su gobierno: perpetuarse en el poder, aunque eso signifique convertir a su patria en el patio trasero penitenciario de Estados Unidos.
El Salvador merece seguridad sin entreguismo, progreso sin autoritarismo. Y mientras el mundo aplaude la paz bukelista, los salvadoreños enfrentan una pregunta incómoda: ¿A qué más estarán dispuestos a renunciar por el espejismo de orden que vende su presidente?